En un fallo clave, el Juzgado Federal de Campana dictó una medida cautelar que obliga al Ministerio de Capital Humano a garantizar la continuidad de la prestación económica para casi un millón de beneficiarios.
En una resolución que impacta directamente en la política social del Poder Ejecutivo, la Justicia Federal ordenó este martes al Gobierno nacional frenar la eliminación del programa Volver al Trabajo. El fallo, emitido por el juez Adrián González Charvay, responde a un amparo colectivo presentado para proteger a sectores vulnerables que dependen de este ingreso mensual.
La decisión judicial establece que la cartera dirigida por Sandra Pettovello debe:
Mantener la vigencia de los pagos: Se ordena continuar con el depósito de los $78.000 mensuales (cifra que en algunos reportes se aproxima a los $80.000) a los aproximadamente 900.000 beneficiarios en todo el país.
Plazo perentorio: El Ministerio de Capital Humano cuenta con un plazo de tres días hábiles desde la notificación para restituir o garantizar la continuidad de las prestaciones.
Suspensión del esquema de vouchers: La Justicia puso un freno al plan oficial de reemplazar el programa por un sistema de «vouchers de capacitación» que no contemplaba la asistencia económica directa.
El magistrado calificó la decisión del Gobierno de interrumpir el plan como un «corte abrupto» de una política de profundo contenido social. En sus fundamentos, advirtió que la eliminación del beneficio dejaría a miles de familias en situación de extrema vulnerabilidad sin un sustento básico para cubrir necesidades esenciales.
Asimismo, el fallo indica que los cursos de formación y vouchers propuestos por el Estado no son equivalentes al dinero en efectivo que perciben los trabajadores informales y emprendedores que forman parte del esquema.
El programa Volver al Trabajo, que reemplazó al anterior Potenciar Trabajo, estaba bajo la lupa del Gobierno, que había anunciado su finalización para el mes de mayo. Tras este revés, se espera que el Estado Nacional presente una apelación contra la medida cautelar para intentar sostener su plan de reconfiguración de la asistencia social. Por el momento, la medida se mantendrá vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo.
